En enero los Ayuntamientos incorporarán la Tarjeta Social Universal con todas las prestaciones públicas

El pasado jueves día 13 de diciembre de 2018 se ha presentado el proyecto para la incorporación de los Ayuntamientos a la Tarjeta Social Universal (TSU). Se trata de un sistema de información que integrará las prestaciones públicas de contenido económico con los datos de todas las Administraciones.

Dicha presentación fue llevada a cabo tras la reunión del secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero en la sede de la FEMP en Madrid.

Según indicó el primero de ellos, “necesitamos que los ciudadanos estén mejor informados para que conozcan sus derechos”. Los datos serán gestionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través del Instituto de la Seguridad Social, recopilando información sobre ayudas como son las pensiones básicas o complementarias, las contributivas, no contributivas y asistenciales, así como también las prestaciones temporales como son los subsidios por incapacidad temporal, paternidad, riesgo de embarazo, maternidad, lactancia y prestaciones y ayudas de pago único.

Tarjeta Social Universal

La Tarjeta Social Universal no será física, además permitirá a los beneficiarios hacer mas sencillos sus trámites administrativos y disponer en su móvil de la información de todas sus prestaciones reconocidas.

Esta herramienta será presentada el próximo mes de enero a las Consejerías de Servicios Sociales de las distintas Comunidades Autónomas y favorecerá sin duda la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas.

La creación de una tarjeta social ya se acordó en la Conferencia de Presidentes autonómicos en el pasado mes de enero de 2017, pero no tuvo éxito ya que fue bastante criticada llegando a calificarla como “un carné para pobres” y que suponía volver “al Padrón de la Beneficencia” que ya disponían los Ayuntamientos en la primera mitad del siglo pasado.

Aunque el Gobierno de aquel entonces, el del Partido Popular, defendió dicha medida asegurando que se trataba de una buena iniciativa para mejorar los servicios del ciudadano ya que permitiría conocer en tiempo real el alcance de las prestaciones sociales públicas y el impacto que tienen en los ciudadanos en función de variables como son su situación familiar, dejándose ver así aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad para tomar medidas al respecto.

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